Introducción al problema de la desigualdad en la educación superior.

Es un hecho que la educación superior en Chile se ha expandido y masificado. El proceso se inicia en los ‘60 a partir de una mayor demanda de mano de obra calificada por parte del estado, proceso que se intensificará a partir de 1967 gracias a la duplicación del financiamiento público en educación. No obstante, esta alza cambia de rumbo a partir de 1974, cuando con la dictadura militar el gasto público en educación se reduce bruscamente, llegando a disminuir en un 35% en 1981 a partir de las reformas  de privatización. Con esto, el  estado asumió un rol subsidiario y dejó que el mercado controlara la oferta (instituciones, carreras, etc.) y la demanda  educacional  (posibles alumnos), con lo cual las universidades debieron buscar fuentes alternativas de financiamiento, fomentándose así la creación de universidades privadas y nuevas instituciones no universitarias de educación superior (Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica).

Las políticas implementadas en la década del 80’ marcan el inicio de procesos de  profunda privatización  que constituirán al sistema de educación superior en un mercado, cuyas características principales son la ausencia de cualquier regulación externa, la competencia y la liberalización de la oferta y de la demanda (Brunner y Uribe, 2007). La consecuencia directa de la conformación de este mercado es la masificación y expansión del sistema de educación superior desde el sector privado mayoritariamente, procesos que no se detienen al terminar la dictadura, sino que más bien se consolidan.

Si bien esto es un hito sin precedentes, un estudio detallado del fenómeno arroja algunas características sumamente problemáticas que le acompañan: se trata de una expansión altamente segmentada en cuanto al tipo de instituciones (ver gráfico 1), pero sobre todo respecto al nivel socioeconómico de quienes acceden a la educación superior. En efecto, hacia el año 2003, sólo el 14,5% de los jóvenes del primer quintil (el más pobre) accedían a la educación superior, versus el 73,7% que lo hacía perteneciendo al quinto quintil, correspondiente al grupo más rico del país (Kremerman, 2007).

La condición de inequidad es tan flagrante que el año 2003 se alcanzó una diferencia de 4,6 veces entre los estudiantes del quintil 1 y el 5, en el ingreso a la Universidad  (Ibid), lo que quiere decir que por cada estudiante de bajos recursos que con esfuerzos excepcionales logra acceder a la educación superior, cinco estudiantes de los sectores más acomodados, ingresan a la Universidad sin mayores problemas. Esto mismo destaca la OCDE, en su informe acerca de la educación superior en Chile (2009) cuando señala que “los alumnos de escuelas municipalizadas y familias más pobres tienen mucho menos posibilidades de aprobar la PSU que los de colegios privados y familias más ricas. Si la aprueban, es menos probable que logren los puntajes más altos que les permite tener acceso a los programas de apoyo financiero y a las mejores universidades”. Según el informe de la OCDE citado, algunas de las principales razones son: la desigualdad económica que se reproduce en la educación; la incapacidad de pasar el currículum completo por parte de la educación pública (lo que se manifiesta en que la diferencia en la PSU ha crecido respecto a la PAA); y el papel que cumplen los preuniversitarios en “preparar” a los estudiantes de mayores ingresos.

Lo anterior es constatado en otros estudios como el de Manzi, quien observa que “la composición socioeconómica de la matrícula de la enseñanza universitaria difiere notoriamente de la que existe en la enseñanza media”. Así, “mientras que en esta última existe una proporción equivalente de estudiantes correspondientes a establecimientos de dependencia municipal y particular subvencionada, muy superior a la matrícula de establecimientos particular pagados, la composición de quienes rinden las pruebas de ingreso muestra (…) una reducción de los alumnos provenientes de establecimientos que reciben una subvención estatal, especialmente los de dependencia municipal, a favor de los estudiantes provenientes de colegios particulares” (2006:187); se trata de una distinción de suma importancia, pues  resulta evidente que los particulares educan con muchos recursos a estudiantes que vienen de contextos privilegiados (capaces de pagar su alto precio), mientras que los establecimientos subvencionados y  aún más los municipales educan mayoritariamente con precarios recursos a estudiantes de contextos sociales y familiares riesgosos y complejos (condenados a estudiar en lo que se les ofrezca): Chile ofrece de este modo un desolador paradigma de la injusticia en materia educativa, y negar esto implica
asumir la insostenible hipótesis de que la inteligencia está repartida desigualmente según la clase o el estrato social de pertenencia.

Fuente: OPECH