Principios para una Reforma a la educación Superior

Principios Generales

1. La Educación es un Derecho Social Universal: Por tanto el acceso, permanencia y egreso a ésta debe estar garantizado por la Constitución Política de Chile.
   
   El Estado debe financiar la educación pública tanto para garantizar el funcionamiento del sistema, como para garantizar la igualdad de oportunidades, la integración y el derecho de todos, sin tener que someterlas a la competencia por la captación de recursos o al autofinanciamiento que las aleja de sus objetivos académicos y su misión pública.
   
2. Fin al fin de lucro y al endeudamiento en la educación: Tanto con recursos de miles de familias que no pueden pagar la educación de sus hijos.
   
3. La educación debe estar sustentada bajo los principios de autonomía: Como forma de preservarla de todo interés particular, ya sea de carácter político partidario, religioso y económico.
   
   Para garantizar la autonomía, la educación pública debe contar  con una organización interna capaz de auto determinarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico–docente y financiera. Para esto, requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad universitaria en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno. 
   
4. La educación pública debe ser pluralista y laica: El libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento permite el tratamiento integral y critico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.
   
5. La educación debe ser de calidad: Entendida como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por el medioambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad. La educación debe ser capaz de formar profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.
   
   En definitiva, necesitamos de un Estado garante del derecho a la educación pública para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, criticas y comprometidas en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto concibe un cambio cultural que implica entender la educación como una inversión social y no individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
   
   Fuente: Síntesis CONFECH